Organizaciones civiles que realizaron una misión de observación en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, documentaron una escalada de violencia, amenazas y acciones que ponen en riesgo la vida de líderes comunales y defensores del territorio.
Los observadores señalan que, además de discriminación y agresiones, existe una práctica de intimidación sistemática: se ofreció un pago por la “cabeza” de autoridades tradicionales —reportes locales indican un monto de 100,000 pesos— y se describen intentos de despojo y ataques contra comuneros.
La misión se realizó durante varios días a finales de mayo de 2026 y coincide con antecedentes de violencia en la comunidad, entre ellos el asesinato del representante agrario Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal conocido como El Caracol, y el ataque que dejó herido a su hermano Gabriel.
Las organizaciones que participaron en la observación subrayan la necesidad de que las autoridades estatales y federales transformen los compromisos de diálogo en acciones concretas y sostenidas que garanticen la seguridad, la vida y los derechos comunales, y exigieron medidas inmediatas para proteger a defensores y testigos.
Representantes de la comunidad y organizaciones señalan además que, pese a la presencia de instancias estatales en espacios de diálogo, la magnitud de las violaciones documentadas desde 2018 requiere un seguimiento interinstitucional y medidas de protección efectivas para evitar más homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.
