Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá concluyó el 26 de marzo de 2026 que en la mina Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas, se cometió una “grave” denegación de los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva de los trabajadores.
El fallo del panel siguió a una petición presentada por Estados Unidos en diciembre de 2024 y se basa en investigaciones que documentaron interferencias patronales, actos de intimidación y un clima de temor entre trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.
Respuesta de México: Las secretarías de Economía y del Trabajo han señalado que el mecanismo del MRR excedió sus alcances al intentar analizar conductas de naturaleza penal y consideraron que la evidencia disponible no es suficiente para vincular directamente a la compañía con actos delictivos o con actores externos.
Respuesta de la empresa: Orla Mining publicó comunicaciones en las que anuncia un plan de acciones para proteger los derechos laborales y atender las observaciones derivadas de la resolución del panel, además de afirmar su compromiso con la operación responsable de la mina.
Acusaciones y contexto sindical: Dirigentes sindicales y algunos reportes periodísticos han denunciado que se usó violencia e intimidación —y en algunos señalamientos se menciona la posible participación de grupos delictivos— para presionar a trabajadores y condicionar la afiliación sindical. Estas denuncias son parte del material que motivó la intervención del mecanismo internacional.
La resolución abre la puerta a medidas correctivas y aumenta la atención sobre las prácticas laborales en la industria minera mexicana. A la espera de acuerdos técnicos y acciones concretas, la disputa muestra la tensión entre la interpretación internacional de los estándares laborales y la posición del gobierno y la empresa sobre la jurisdicción y alcance de ese mecanismo.
