El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, destituyó el sábado 22 de agosto de 2026 al diputado opositor Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, luego de que el legislador informara que trabajaba en una propuesta para avanzar hacia la dolarización formal de la economía venezolana.
Rodríguez calificó de “irresponsables” las acciones de Ecarri y sostuvo que el diputado infringió el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, que establece que los parlamentarios involucrados en la diplomacia interparlamentaria deben actuar conforme a la Constitución y a los intereses de la República.
Además, el presidente del Parlamento afirmó que la propuesta vulnera el artículo 318 de la Constitución venezolana, el cual reconoce al bolívar como unidad monetaria y atribuye al Banco Central de Venezuela la conducción exclusiva y obligatoria de las políticas monetarias.
La junta directiva de la Asamblea Nacional también inició un proceso de investigación para determinar las posibles faltas cometidas por Ecarri, así como las responsabilidades y sanciones que pudieran corresponder conforme al reglamento parlamentario.
Ecarri informó el viernes, a través de la red social X, que trabajaba en una propuesta para formalizar el uso del dólar en Venezuela. El diputado argumentó que el país necesita una moneda estable para proteger los salarios, los ahorros y el patrimonio de la población.
“La dolarización permitiría frenar la inflación y cerrar la brecha cambiaria que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos”, afirmó Antonio Ecarri.
En Venezuela ya se utilizan dólares estadounidenses para fijar precios y realizar pagos, aunque el bolívar continúa siendo la moneda oficial. El Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos había sido instalado en mayo de 2026 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.
La investigación anunciada por el Parlamento deberá establecer si la propuesta del diputado constituye una infracción al marco constitucional y reglamentario señalado por Rodríguez.