Morena, el PAN y el PRI adelantaron la promoción de posibles candidaturas para el proceso electoral 2026-2027 mediante figuras partidistas como coordinadores y “defensores”, pese a que las precampañas comenzarán formalmente el 4 de enero de 2027.
Especialistas en materia electoral consideran que estas estrategias pueden constituir una violación a los plazos previstos por la legislación, además de generar ventajas anticipadas, problemas de fiscalización y una competencia desigual entre los partidos.
Un proceso electoral de gran alcance
La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027. En los comicios estarán en disputa 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y alrededor de mil cargos locales y municipales, dentro de un proceso que contempla más de tres mil candidaturas.
El calendario establece que el registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. Las campañas federales iniciarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio, mientras que la veda electoral se aplicará del 3 al 5 de junio.
Morena, PAN y PRI adelantan definiciones
Morena anunció coordinaciones estatales en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa. Entre las personas designadas se encuentran Nora Ruvalcaba Gámez, Pablo Gutiérrez Lazarus, Rosa María Bayardo Cabrera, Santiago Nieto Castillo e Imelda Castro Castro.
El PAN también presentó coordinadores bajo la denominación de defensa de la patria, la familia y la libertad en Michoacán, Chihuahua, Baja California Sur y Tlaxcala. Por su parte, el PRI anunció a 50 “defensores de México” para las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas.
Movimiento Ciudadano igualmente ha comenzado a posicionar perfiles para la contienda, mientras que los partidos de reciente registro Somos y Paz podrían esperar para definir a sus candidaturas y evaluar posibles figuras de la sociedad civil.
Cuestionamientos a la fiscalización y a los árbitros
Las críticas se concentran en que las actividades de posicionamiento ocurren antes del periodo oficial de precampañas y no siempre permiten conocer con claridad el origen y el uso de los recursos empleados. Especialistas advierten que esta situación puede afectar la equidad y dificultar la vigilancia de los gastos partidistas.
También se ha señalado un debilitamiento institucional del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un contexto de alta carga de trabajo y cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para contener actos anticipados.
El riesgo de violencia política
Otro de los desafíos para la elección de 2027 es la posible interferencia del crimen organizado en la selección y desarrollo de las candidaturas. La advertencia incluye riesgos de presión, captura política y violencia contra aspirantes en distintas regiones del país.
Durante el proceso electoral 2023-2024 se registraron 749 casos de violencia política entre el 7 de septiembre de 2023 y el 28 de mayo de 2024. Ante ese antecedente, el blindaje de las elecciones será uno de los principales retos para las autoridades electorales y de seguridad.