El 19 de abril de 2026, un vehículo que regresaba de un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara cayó en un paso de terracería; en el incidente perdieron la vida dos agentes estadunidenses y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió al menos dos carpetas de investigación para determinar si la actuación de agentes extranjeros y de autoridades locales violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El fiscal estatal presentó su renuncia en medio de la controversia.
Desde entonces se ha intensificado el debate político: autoridades federales confirmaron que hubo cooperación entre personal de Estados Unidos y autoridades estatales en algunos operativos, mientras que líderes políticos y manifestantes han exigido una investigación completa y sanciones si se comprueban irregularidades.
Entre las medidas iniciadas están la comparecencia de participantes en el operativo, investigaciones internas y la apertura de indagatorias por parte de la FGR para determinar responsabilidades administrativas y penales. También se han registrado movilizaciones ciudadanas y llamados en el ámbito legislativo para evaluar posibles acciones como exhortos o procedimientos políticos.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el marco legal que regula la presencia y actuación de personal extranjero en operativos policiales en territorio mexicano.
Se espera que la investigación de la FGR y las comparecencias programadas aporten nuevas pruebas que permitan clarificar el papel de cada actor involucrado y definir si procede alguna acción jurisdiccional adicional.
