En la conmemoración del Primero de Mayo, las autoridades han destacado los incrementos acumulados del salario mínimo y los cambios derivados de la reforma en materia de subcontratación como logros centrales de la política laboral reciente.
Para 2026 el salario mínimo general fue fijado en 315.04 pesos diarios, cifra que se suma a una serie de aumentos de doble dígito aplicados desde 2018. Ese periodo arrancó con 88.36 pesos diarios y ha mostrado subidas anuales continuas que, según comunicados oficiales, buscan recuperar poder adquisitivo.
La reforma que limitó la subcontratación ha reacomodado a millones de trabajadores: distintos reportes oficiales y del sector privado estiman que más de 3 millones de personas dejaron el esquema de outsourcing para ser contratadas directamente por sus empleadores o pasar a regímenes regulados.
Las autoridades atribuyen a estas medidas mejoras en condiciones laborales —como acceso a seguridad social y reparto de utilidades— pero organismos empresariales y analistas han señalado efectos mixtos, entre ellos periodos de incertidumbre para trabajadores y empresas en la transición.
En el debate público siguen pendientes preguntas clave: ¿qué tanto han mejorado realmente los ingresos y la protección social para los trabajadores que antes estaban subcontratados?, ¿cómo se mitigaron los cierres o pérdidas de empleo temporales en sectores que tuvieron que reestructurarse?, y ¿qué medidas adicionales se requieren para sostener la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación?
La conmemoración del Día del Trabajo vuelve a poner en la agenda la necesidad de combinar políticas salariales, fiscalización efectiva y mecanismos de cumplimiento para que las promesas de la reforma lleguen en la práctica a quienes dependen de un salario.
