La bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó un proyecto legislativo que plantea que la inmovilización de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, sólo proceda mediante una resolución judicial fundada y motivada.
El documento fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y plantea cambios en los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Entre los elementos considerados como indicios objetivos para justificar la medida se encuentran reportes de operaciones inusuales reiteradas, discrepancias entre ingresos declarados y movimientos financieros, transferencias vinculadas a jurisdicciones de riesgo y posibles conexiones con personas en listas de restricción.
Se propone además garantizar la audiencia y el acceso a la justicia: las personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas tendrían 10 días hábiles para pedir una audiencia ante la UIF, la cual tendría 30 días hábiles para dar respuesta y explicar las causas de la inclusión.
Fuentes del grupo parlamentario señalan que la iniciativa busca equilibrar la prevención de operaciones ilícitas con la protección de derechos fundamentales, como la legalidad y el debido proceso. El proyecto está en estudio en la comisión correspondiente.
