Alrededor de 15 personas originarias de varios países de América Latina arribaron a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, tras ser deportadas desde Estados Unidos, en lo que fue uno de los primeros vuelos de un programa de expulsiones a terceros países durante 2026.
Desde un hotel en Kinshasa, las personas deportadas relataron que sus salidas están supervisadas por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que se les permite salir con acompañamiento aproximadamente una vez por semana. Una mujer colombiana de 29 años denunció además que fue trasladada con grilletes pese a existir una orden de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos.
Los deportados han recibido visas congoleñas temporales de corta duración; varias fuentes indican que esos permisos están próximos a vencer y no hay, por ahora, un plan claro para su reubicación o repatriación. Abogados que representan a algunos de los expulsados han anunciado recursos legales y han solicitado medidas humanitarias urgentes.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió que los acuerdos de deportación a terceros países “garantizan el debido proceso”, mientras que organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa han pedido mayor transparencia y atención médica para quienes llegaron con condiciones de salud vulnerables.
Las expulsiones forman parte de una política más amplia de traslado de migrantes a países terceros que ha sido aplicada por la administración estadounidense en meses recientes y que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos y varios organismos internacionales.
Las circunstancias concretas de cada caso permanecen bajo revisión por autoridades judiciales y abogados defensores; las organizaciones que acompañan a los deportados han solicitado apoyo humanitario y seguimiento internacional mientras se define el estatus a mediano plazo de las personas afectadas.
