El Diario Oficial de la Federación publicó el 14 de mayo de 2026 un decreto que modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, habilitando a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para recibir denuncias ciudadanas sobre posibles manejos irregulares de recursos públicos y para iniciar indagatorias de oficio.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2026, incorpora un nuevo artículo 66 Bis que autoriza a la ASF a investigar “en cualquier momento” presuntas faltas administrativas graves, incluso si los hechos corresponden a ejercicios fiscales ya concluidos.
Entre las disposiciones destacadas está la obligación de la ASF de poner a disposición mecanismos y canales técnicos que faciliten la presentación de denuncias por parte de cualquier persona, así como la posibilidad de presentar denuncias de hechos ante la fiscalía especializada si se detectan indicios de conductas delictivas.
La reforma también busca fortalecer la coordinación entre la ASF y las entidades estatales de fiscalización, así como la creación de registros de información y datos que faciliten la fiscalización y el seguimiento de recursos federales.
La aprobación y publicación del decreto han sido cubiertas por medios nacionales y organizaciones informativas, y la entrada en vigor de la reforma abre la puerta a un nuevo marco de actuación en materia de fiscalización y combate a la corrupción en México.
