El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el instituto no posee facultades para investigar directamente si recursos que reciben partidos o campañas proceden del crimen organizado o de operaciones de lavado de dinero.
Castillo dijo que la obligación del INE es fiscalizar y verificar el origen y destino reportado de los ingresos, y remitir a las autoridades competentes las irregularidades detectadas, pero advirtió que asumir funciones de seguridad pública pondría en riesgo la integridad de su personal y la autonomía institucional.
En la entrevista mencionó casos previos donde la fiscalización permite identificar aportaciones y discrepancias —por ejemplo, en procesos electorales de Sinaloa en 2021— pero explicó que ese alcance no basta para probar la participación de organizaciones delictivas en el financiamiento.
La discusión ocurre en el contexto de propuestas y debates sobre la reforma y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización del INE ante el ciclo electoral 2026-2027, cuando el instituto busca mayores herramientas para rastrear y controlar el uso de efectivo en campañas y la transparencia de los recursos.
Castillo insistió en que el INE debe reforzar la revisión contable y las visitas de verificación, y dar vista a fiscalías y unidades de inteligencia financiera cuando encuentre indicios, pero que investigar vínculos criminales corresponde a otras instancias del Estado.
