La reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2026, otorga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad de recibir denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales y de investigar de oficio faltas administrativas graves.
El decreto incorpora un Título Cuarto Bis y el artículo 66 Bis, que habilitan a la ASF para iniciar investigaciones “en cualquier momento”, ya sea a partir de denuncias o de forma autónoma, sin que el ejercicio fiscal al que correspondan los hechos limite la investigación.
La medida busca acelerar los procesos de fiscalización y reducir la dependencia de denuncias formales para activar indagatorias. Legisladores y la propia Auditoría han señalado que con estos cambios se pretende mejorar la eficacia en la detección de posibles desvíos y sancionar con mayor rapidez a servidores públicos y particulares vinculados con irregularidades.
La reforma fue aprobada por el Congreso en abril de 2026 y quedó formalmente publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo de 2026. Entre las modificaciones también se incluyen cambios a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Coordinación Fiscal para reforzar la cooperación entre instancias de fiscalización.
La entrada en vigor de la reforma implica que la ASF podrá, además, imponer sanciones administrativas y presentar denuncias de hechos ante las autoridades competentes cuando detecte indicios de conductas delictivas durante sus investigaciones.
La ampliación de atribuciones ha sido respaldada por diversos legisladores como un mecanismo para hacer más efectiva la rendición de cuentas, aunque también ha generado debates sobre los límites de la actuación de un órgano fiscalizador y la necesidad de garantías procesales.
