El 14 de mayo de 2026, el consejero Arturo Castillo afirmó en una entrevista que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está facultado para determinar si aportaciones a campañas provienen del crimen organizado y que, por tanto, esa línea de investigación corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las fiscalías.
Castillo advirtió que el INE no debe convertirse en “comparsa” de posibles irregularidades y planteó la necesidad de emitir lineamientos preventivos para revisar los procesos internos de los partidos, con el objetivo de detectar aportaciones sospechosas desde etapas tempranas.
La propuesta busca adelantar la fiscalización sobre actos que algunos partidos han presentado como procesos internos o promoción anticipada, con la intención de identificar quiénes aportan recursos y dar vista a las autoridades competentes cuando se detecte alguna anomalía.
El consejero señaló el caso de la elección de Sinaloa en 2021 como ejemplo de por qué se requiere mayor rigor en la revisión del origen y destino de los recursos, y enfatizó que la investigación sobre la licitud de los fondos excede las atribuciones del INE.
La discusión se da en el contexto del debate interno sobre la adopción de lineamientos para regular actos anticipados y procesos internos de los partidos, y ante el inicio de preparativos rumbo al ciclo electoral 2026‑2027, para los cuales el consejero pidió mayor coordinación entre el INE, la UIF y las fiscalías.
