Un diplomático israelí pidió el encarcelamiento de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, horas después de que un tribunal federal de Estados Unidos suspendiera de manera provisional sanciones impuestas contra ella.
El fallo, emitido el 14 de mayo de 2026 por un tribunal de distrito en Washington, concedió una medida cautelar que bloquea la aplicación de las sanciones mientras el proceso judicial siga su curso. El magistrado consideró que las medidas probablemente implicaban una restricción inconstitucional de la libertad de expresión.
Las sanciones habían sido impuestas en 2025 por la administración estadounidense en virtud de una orden ejecutiva y prohibían a entidades y personas en EE. UU. realizar transacciones con la relatora. La familia de la funcionaria presentó una demanda alegando que las medidas atacaban su derecho a la libre expresión y habían afectado la vida familiar y profesional.
La reacción oficial de Israel incluyó acusaciones de que la relatora utilizaba su cargo para incitar contra soldados y civiles israelíes y estadounidenses, y la petición pública de que enfrentara castigo penal. La declaración elevó la tensión diplomática en torno al caso.
La suspensión decretada por el tribunal es provisional y permanecerá en vigor mientras se resuelven los argumentos legales; el litigio continúa y las decisiones finales corresponderán a los tribunales competentes.
