El 27 de mayo de 2026, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que desde el 3 de enero Estados Unidos ha recibido más de 10 millones de barriles de petróleo procedente de Venezuela y que los ingresos generados están depositados en una cuenta controlada por el Departamento del Tesoro y auditada por KPMG.
La declaración, breve pero contundente, implica un cambio relevante en la gestión del petróleo venezolano y en el manejo de sus ingresos. Datos públicos de embarques y registros comerciales mostraban previamente que, como parte de un acuerdo de suministro, ya se habían despachado entre 10 y 11 millones de barriles en los meses iniciales del año, cifra que coincide con la estimación citada por Rubio.
Rubio aseguró que los recursos no “se están robando” y que su administración busca que los fondos “beneficien al pueblo venezolano”; durante su intervención no se presentó un desglose público detallado de cada cargamento ni del destino final de los ingresos.
El anuncio vuelve a situar al petróleo en el centro de la relación entre Washington y Caracas y plantea preguntas sobre la transparencia del control de los recursos y el papel de intermediarios comerciales. Las autoridades y organismos de supervisión tendrán que ofrecer más información para clarificar montos, cronología y uso final de los recursos.
