Samara Martínez presentó la iniciativa denominada “Ley Trasciende”, que propone reconocer el derecho a una muerte digna y despenalizar y regular la ayuda médica para morir en México; la iniciativa fue dada a conocer en distintos foros en octubre de 2025 y, según reportes, entregada a la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2026.
La propuesta busca reformas constitucionales y modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir que personas adultas con enfermedades crónico‑degenerativas o terminales, bajo consentimiento informado y criterios estrictos, puedan acceder a ayuda médica para morir, además de garantizar el fortalecimiento del acceso a cuidados paliativos y la voluntad anticipada.
Los promotores argumentan que la regulación brinda seguridad jurídica para pacientes y personal médico, protege la objeción de conciencia y evita que prácticas de ayuda a morir se practiquen de forma clandestina; en la presentación se ha señalado que la iniciativa pretende centrar la política pública en la autonomía del paciente y el alivio del sufrimiento.
Sobre el respaldo ciudadano, las cifras reportadas en fuentes públicas difieren: algunos medios registraron alrededor de 73,500 firmas en plataformas de apoyo, mientras que otros citaron cifras superiores en diversas etapas de la campaña, lo que refleja diferencias en los cortes o en las plataformas utilizadas por los impulsores.
En el plano legislativo y público, autoridades y actores políticos han pedido cautela y un debate técnico y ético amplio; por ejemplo, se han planteado consideraciones sobre la colisión de derechos y la necesidad de establecer salvaguardias rigurosas antes de cualquier cambio legal.
El siguiente paso formal es el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa deberá ser discutida en comisiones y, eventualmente, en el pleno; hasta el momento de los reportes consultados no se registra la aprobación de dictámenes definitivos ni votaciones finales sobre el texto propuesto.
