La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó en un comunicado emitido el 5 de febrero de 2026 que abrió el registro para integrar el Padrón Público de Testigos Sociales que participarán en procedimientos de compras públicas en México, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las contrataciones. La convocatoria permanecerá abierta y, según la dependencia, cerrará el 29 de mayo.
El Testigo Social es una figura ciudadana que acompaña y observa los procedimientos de contratación pública, documenta actos y emite recomendaciones para asegurar que las adquisiciones, obras públicas y asociaciones público‑privadas se desarrollen con legalidad, eficiencia y transparencia. La regulación vigente sobre la materia se encuentra incorporada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
La Secretaría explicó que la figura, presente en México por más de dos décadas, había derivado en prácticas con alta carga administrativa y costos elevados que limitaron su incidencia en la toma de decisiones. Por ello, las medidas anunciadas buscan redefinir al Testigo Social como un mecanismo de democracia participativa mediante la simplificación y sistematización de su participación, la ampliación del registro, la actualización de la contraprestación y la emisión de un Código de Ética.
Entre los requisitos y condiciones establecidos por la normativa citada se encuentran la presentación de una solicitud y currículo, la asistencia a cursos de capacitación impartidos por la Secretaría, la entrega de declaración fiscal y de no conflicto de interés, así como la acreditación de no haber sido persona servidora pública durante, al menos, el año previo a la solicitud o no contar con sanciones administrativas graves. Asimismo, la ley prevé mecanismos para la cancelación del registro en casos de incumplimiento.
La Secretaría señaló que los informes finales de los testigos sociales serán difundidos en las páginas electrónicas de las dependencias convocantes y en la Plataforma Nacional correspondiente, y que la incorporación de personas físicas y morales al padrón busca ampliar la participación ciudadana con una función preventiva en el uso de recursos públicos.
