El 30 de abril de 2026, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que consideraría como “político” el objetivo de las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos si no se entregan pruebas claras contra los 10 mexicanos señalados, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero exigió a las autoridades estadunidenses que aporten evidencias fehacientes que respalden la acusación.
Las denuncias del Departamento de Justicia, difundidas a finales de abril de 2026, incluyen solicitudes de extradición y señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ante ello, la Fiscalía General de la República indicó que actuará conforme a derecho si recibe pruebas contundentes.
La postura presidencial generó reacciones políticas y abrió un debate sobre la relación bilateral en materia de seguridad y soberanía. Autoridades del gobierno mexicano han enfatizado la necesidad de evidencias y del debido proceso antes de cualquier acción judicial.
El caso continúa en desarrollo y las instituciones encargadas de la investigación en México y Estados Unidos mantienen comunicación para el intercambio de información y documentos probatorios.
