El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó una acusación formal contra 10 personas vinculadas con el gobierno y cuerpos de seguridad de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta participación en tráfico de drogas y delitos relacionados.
En su conferencia matutina del 30 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, si no hay pruebas claras, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político” y exigió a las autoridades estadounidenses que presenten evidencias contundentes antes de avanzar. La mandataria también afirmó que el gobierno mexicano no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero subrayó la necesidad de elementos verificables.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, recibió la notificación sobre la acusación y evaluará las solicitudes de la justicia estadounidense conforme a la ley y los procedimientos de extradición aplicables.
Las acusaciones difundidas en la corte federal de Manhattan incluyen cargos por importación de narcóticos y delitos con armas; las autoridades estadounidenses han señalado que las imputaciones se basan en una investigación que, según sus comunicados, vincula a funcionarios con redes delictivas en Sinaloa. Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso judicial siga su curso.
Este caso abre una tensión diplomática entre México y Estados Unidos sobre cooperación judicial y soberanía: el gobierno mexicano ha dicho que evaluará las pruebas y actuará conforme a sus instituciones, mientras que las autoridades estadounidenses sostienen que perseguirán la corrupción que facilita el tráfico de drogas hacia su territorio.
