La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 18 de mayo de 2026 que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para posponer la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, prevista para 2027, y celebrarla el 4 de junio de 2028.
El gobierno explicó que la propuesta busca evitar la coincidencia con las elecciones federales y locales de 2027 y reducir la carga operativa y logística del proceso electoral. Además, la iniciativa plantea simplificar la papeleta y revisar los mecanismos de selección de candidaturas para corregir deficiencias detectadas en la pasada elección judicial.
En la elección programada originalmente se renovaría, entre otros cargos, magistrados y jueces federales y locales. El Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral han advertido sobre los riesgos de realizar ambos procesos simultáneamente por la magnitud de los cargos a elegir y la complejidad operativa.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su respaldo a la propuesta y afirmó que la Cámara de origen está lista para recibir y dictaminar la iniciativa durante un periodo extraordinario de sesiones.
Legisladores han señalado plazos apremiantes: autoridades del Constituyente Permanente indicaron que los procesos de reforma constitucional deben concluir a más tardar el 3 de junio para que la iniciativa pueda tramitarse en tiempo y forma y, en su caso, ser remitida a las legislaturas locales.
El envío de la iniciativa abrirá un proceso legislativo que podrá incluir cambios en los requisitos de elegibilidad, en la estructura de los comités de evaluación y en las reglas para la concurrencia con otros ejercicios ciudadanos, como la revocación de mandato, si así se acuerda.
Se espera que el Congreso convoque a sesiones extraordinarias para analizar la propuesta; su aprobación requerirá mayoría en ambas cámaras y, por tratarse de una reforma constitucional, la ratificación de al menos 17 congresos locales para surtir efectos.
