La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 18 de mayo de 2026 que “no hay ningún riesgo” para su gobierno ni para el partido Morena tras la entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios del gobierno de Sinaloa acusados por ese país de presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la decisión de entregarse fue voluntaria y subrayó que no observa peligro por las posibles declaraciones que ambos puedan hacer ante autoridades estadounidenses. “Ningún riesgo, ninguno”, dijo al ser cuestionada.
El caso forma parte de una investigación de Estados Unidos que, según comunicados y reportes internacionales, incluye a un total de diez personas vinculadas al gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Autoridades mexicanas han indicado que algunas medidas de bloqueo de cuentas bancarias derivaron de alertamientos de corresponsalía entre bancos internacionales.
Sheinbaum también comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuó con carácter preventivo en bloqueos que se derivaron de reportes del sistema financiero y no constituyen una declaración de responsabilidad definitiva contra las personas afectadas, según dijo en la conferencia.
La Presidencia añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía federal han solicitado a Estados Unidos las pruebas que justificaron las solicitudes de detención y extradición, para evaluar la argumentación presentada por las autoridades estadounidenses.
El tema ha generado cobertura amplia en medios nacionales e internacionales y abrió un debate sobre la relación entre México y Estados Unidos en materias de seguridad y cooperación judicial. Las autoridades mexicanas han reiterado que actuarán conforme a la ley y a los procedimientos de comprobación de pruebas.
