La presidenta Claudia Sheinbaum pidió tranquilidad al sector empresarial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias en casos relacionados con sospechas de lavado de dinero. La mandataria afirmó que la UIF no congela cuentas de personas o empresas que no estén vinculadas a operaciones ilícitas.
Sheinbaum hizo el llamado a la calma en la conferencia matutina del 8 de abril de 2026, en un contexto de preocupación por la decisión del máximo tribunal —emitida el 6 de abril de 2026— que amplió las facultades de la UIF. La presidenta remarcó que el objetivo del gobierno es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento financiero y que existe un procedimiento para corregir cualquier error administrativo.
El anuncio busca contener la percepción de falta de certidumbre para la inversión, un tema que ha generado debate entre empresarios y analistas. Las autoridades han señalado que las medidas de la UIF son preventivas y administrativas, no sanciones penales automáticas, y que se aplican cuando hay indicios solventes de operaciones ilícitas.
Según datos oficiales citados por el gobierno, la UIF ha inmovilizado montos por miles de millones de pesos desde octubre de 2024 como parte de investigaciones financieras relacionadas con delincuencia y fraudes empresariales. La Presidencia subrayó que esas acciones buscan atacar las redes de financiamiento del crimen y no perseguir a actores económicos legítimos.
Sheinbaum pidió a los distintos sectores contribuir a reforzar la confianza en México y recordó que, si hay errores en inmovilizaciones, hay un esquema para su resolución inmediata. La declaración abre la puerta a un diálogo con el sector privado para reducir la incertidumbre y explicar el alcance de las nuevas facultades de la UIF.
