La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si el Departamento de Justicia de Estados Unidos no presenta pruebas claras en las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Sheinbaum dijo además que el gobierno mexicano no protegerá a quien haya cometido un delito, pero exigió a las autoridades estadounidenses que entreguen evidencia contundente y formal. Según comunicados oficiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes de detención con fines de extradición relacionadas con estas diez personas.
La reacción presidencial se dio en un contexto de tensiones bilaterales luego de que el Departamento de Justicia hiciera públicos cargos relacionados con presuntos vínculos de funcionarios con organizaciones delictivas. El gobierno federal turnó la documentación recibida a la Fiscalía General de la República para su análisis y determinación jurídica.
El anuncio desató un debate político en México: fuerzas opositoras demandaron una investigación rigurosa, mientras que la Presidencia pidió unidad nacional y advirtió contra cualquier intromisión de otros gobiernos sin pruebas.
El caso sigue abierto y dependerá de las investigaciones y de la evidencia que las partes presenten; por lo pronto, la postura oficial es la exigencia de pruebas antes de concluir que las imputaciones son fundadas.
