La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 30 de abril de 2026 que, en la ausencia de pruebas claras, las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas parecen responder a un “objetivo político”.
En su posicionamiento durante la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano no protegerá a quien haya cometido un delito, pero exigió a las autoridades de Estados Unidos que presenten “elementos fehacientes” que sustenten las acusaciones.
La mandataria cuestionó la naturaleza de la evidencia difundida por EU y afirmó que, si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra pruebas contundentes e irrefutables, procederá conforme a la ley mexicana. La FGR informó que iniciará una investigación para determinar si existen datos de prueba que respalden la solicitud de detención con fines de extradición.
El caso generó reacciones en diversos medios y en el gobierno mexicano, que han llamado a proteger la soberanía y a exigir claridad en las evidencias antes de avanzar en procedimientos de extradición.
