El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a México entre los 23 países identificados por Washington como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas, al tiempo que reconoció acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico y reclamó nuevas medidas contra los cárteles y funcionarios corruptos.
En el informe presentado al Congreso estadounidense, Trump destacó el decomiso de mayores volúmenes de droga, el desmantelamiento de laboratorios y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera norte. Sin embargo, sostuvo que México debe intensificar sus esfuerzos para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.
El documento también planteó la necesidad de identificar, detener y procesar a servidores públicos que hayan colaborado con grupos delictivos. La exigencia ocurre en medio de una renovada presión de Washington sobre la estrategia mexicana de seguridad y de la defensa de la soberanía expresada por la presidenta Sheinbaum.
La postura estadounidense generó cuestionamientos por el contraste entre las críticas dirigidas a otros países y las decisiones adoptadas por la administración de Trump en materia de narcotráfico. Entre ellas se encuentra el indulto concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína.
El caso de Hernández es utilizado como referencia para cuestionar la consistencia de la política antidrogas de Washington, especialmente mientras Estados Unidos mantiene una elevada demanda interna de estupefacientes y enfrenta problemas relacionados con el consumo, las sobredosis y el lavado de dinero.
La inclusión de México en la lista estadounidense no equivale por sí misma a una sanción automática, ya que el mecanismo también contempla a países que enfrentan condiciones geográficas, comerciales o económicas que facilitan el tránsito de drogas. No obstante, el señalamiento incrementa la presión diplomática sobre el gobierno mexicano y coloca la cooperación bilateral en seguridad en el centro de la relación entre ambos países.