El 18 de mayo de 2026 la marina israelí interceptó embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban hacia Gaza, y cientos de activistas fueron detenidos y trasladados al puerto de Ashdod, en Israel. Participantes y la propia organización denunciaron palizas, uso de pistolas Taser, estrés físico y humillaciones durante la detención.
Según testimonios recopilados por la organización y por varios medios, varios de los detenidos, entre ellos activistas de Indonesia, España, Italia y otros países, relataron haber sido golpeados, electrocutados y sometidos a registros y condiciones que describieron como humillantes. Un activista indonesio, Rahendro Herubowo, afirmó haber recibido patadas y descargas eléctricas durante su retención.
La organización Global Sumud publicó declaraciones en las que recoge relatos de agresiones físicas y sexuales, así como condiciones de detención en contenedores y en un buque naval. Varias ONG —incluida Adalah, que brindó asistencia legal a algunos participantes— y periodistas presentes en la misión han documentado heridas y denuncias de abuso.
Por su parte, las autoridades israelíes defendieron la interceptación como una medida para mantener el bloqueo naval sobre Gaza y anunciaron la deportación de los activistas a sus países de origen; fuentes oficiales negaron que se hubiera empleado munición real durante las operaciones. La detención y el trato a los activistas generaron repudios y llamados de gobiernos y organismos internacionales a explicar lo ocurrido.
Tras su liberación y repatriación, activistas llegaron a distintos países y relataron el trato recibido ante medios y autoridades locales. La operación reavivó el debate internacional sobre el bloqueo naval de Gaza y las prácticas de las fuerzas israelíes en operaciones marítimas contra convoyes civiles.
La investigación sobre los hechos sigue abierta en el ámbito público: organizaciones humanitarias y algunos gobiernos exigen aclaraciones y garantías sobre la integridad física de los detenidos, mientras las autoridades israelíes mantienen su posición sobre la legalidad de la interceptación.
