La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) correspondientes al periodo de 2000 a 2025. El análisis busca identificar posibles irregularidades, patrones de contratación y concentración de proveedores.
La revisión forma parte de tres líneas de trabajo anunciadas el 4 de noviembre: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además del examen del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Qué abarcará la revisión
El estudio histórico cubrirá 25 años de compras y contratos de las autoridades electorales. Entre los aspectos que se busca esclarecer están la posible concentración de contratos en ciertos proveedores y la existencia de prácticas que pudieran afectar la competencia o el uso de recursos públicos.
La auditoría integral al INE y la revisión del gasto federalizado de los OPLE son procesos distintos del estudio histórico. No se ha establecido una fecha para presentar los primeros resultados.
Operaciones bajo investigación
La ampliación de las revisiones ocurre después de que se reportaran operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales y distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones corresponden a operaciones con organismos electorales locales.
Entre los posibles mecanismos que se examinan están la subcontratación entre empresas relacionadas, la simulación de competencia en licitaciones y operaciones con proveedores que tenían poco personal o carecían de él. Estos elementos forman parte de indagatorias en curso y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
El alcance de las revisiones permitirá reconstruir cómo se contrataron bienes y servicios en las autoridades electorales y determinar si hubo patrones que requieran acciones posteriores. Las conclusiones dependerán de los resultados de las investigaciones y auditorías.