El 6 de mayo de 2026 comenzaron ataques armados contra las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en la zona rural de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Habitantes y organizaciones locales reportaron emboscadas y fuego sostenido que obligaron a familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en la comunidad cercana de Alcozacán.
El 11 de mayo de 2026, automovilistas localizaron cuatro cuerpos sobre la carretera federal Chilapa–Tlapa, a la altura de Papaxtla, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa. El Concejo Indígena y Popular de Guerrero‑Emiliano Zapata (CIPOG‑EZ) informó que algunos de los desaparecidos podrían corresponder a miembros de su organización.
Organizaciones civiles y reportes locales señalararon además el uso presunto de drones armados y ataques desde cerros por parte del grupo identificado como Los Ardillos. En comunicados, el CIPOG‑EZ denunció omisión o insuficiente respuesta por parte de las fuerzas estatales y federales en la zona.
La crisis se inscribe en un ciclo de violencia que en semanas previas ya había dejado víctimas: el 6 de abril de 2026 cuatro integrantes del CIPOG‑EZ fueron asesinados en la comunidad de Xicotlán, según denuncias de la propia organización. Las agresiones han generado desplazamientos intermitentes y un clima de inseguridad persistente en la Montaña Baja de Guerrero.
Autoridades estatales informaron que reforzaron la presencia institucional en áreas afectadas, mientras que la sociedad civil y comunidades indígenas exigen acciones efectivas para garantizar la protección de la población y el regreso seguro de quienes huyeron.
