El Diario Oficial de la Federación publicó el 14 de mayo de 2026 un decreto que modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la reforma se incorpora un nuevo artículo 66 Bis que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar, tanto de oficio como a partir de denuncias ciudadanas, presuntas faltas administrativas graves “en cualquier momento”, sin quedar supeditada al periodo de fiscalización del ejercicio presupuestario correspondiente.
La modificación fue aprobada por el Congreso en abril de 2026; en la Cámara de Diputados el dictamen obtuvo 390 votos a favor en la sesión del 15 de abril de 2026, y se diseñó con el objetivo de agilizar la detección y sanción de irregularidades en el uso de recursos públicos, así como de fortalecer la coordinación con las entidades de fiscalización estatales.
Entre las novedades se prevén mecanismos técnicos para la recepción de denuncias ciudadanas y plazos más cortos para remitir dictámenes técnicos de no solventación a las áreas de investigación, con la intención de reducir trámites y acelerar procedimientos.
La reforma también establece facultades para que la ASF solicite información considerada reservada cuando esté directamente relacionada con la gestión de recursos federales, y plantea sanciones administrativas más ágiles contra servidores públicos o particulares que obstaculicen las investigaciones.
En los próximos días las autoridades competentes deberán emitir las reglas de operación y las plataformas técnicas que permitirán a la ciudadanía presentar quejas y colaborar con las indagatorias.
