El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 14 de mayo de 2026 un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La modificación incorpora un nuevo artículo 66 Bis que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a recibir denuncias ciudadanas y a investigar, ya sea de oficio o a partir de esas denuncias, presuntas faltas administrativas graves “en cualquier momento”, independientemente del ejercicio fiscal en que hayan ocurrido los hechos.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de abril de 2026 y, tras su publicación en el DOF el 14 de mayo de 2026, entra en vigor formalmente. El texto exige además que la ASF habilite canales y herramientas —incluyendo modalidades electrónicas y presenciales— para facilitar la presentación de quejas por parte de la ciudadanía.
Entre las atribuciones que amplía la reforma figura la posibilidad de que la ASF presente “denuncias de hechos” ante la Fiscalía correspondiente cuando identifique indicios de conductas delictivas en sus indagatorias. Asimismo, el marco normativo refuerza facultades operativas para acortar los tiempos de fiscalización y avanzar hacia revisiones más ágiles.
La reforma busca ampliar la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público y dotar a la entidad fiscalizadora de herramientas legales para actuar con mayor prontitud. Analistas consultados por medios nacionales han señalado que el cambio podría acelerar la detección de irregularidades, aunque también abre el debate sobre criterios de procedimiento y garantías en las indagatorias.
El decreto publicado en el DOF incluye además ajustes a varios artículos de la ley que detallan procedimientos, sanciones y el régimen de responsabilidades; sus impactos operativos y jurídicos se analizarán conforme se definan las reglas de implementación por parte de la ASF y otras autoridades involucradas.
