El 24 de mayo de 2026 decenas de miles de personas salieron a las calles de varias ciudades de España para reclamar políticas públicas que detengan el alza de los precios del alquiler y amplíen el parque de vivienda asequible.
Las movilizaciones, convocadas por colectivos de inquilinos, asociaciones vecinales y sindicatos, se replicaron en lugares como Madrid, Zaragoza, Badajoz y otras localidades, y tuvieron como lema principal la exigencia de medidas urgentes contra lo que los organizadores describen como una “crisis estructural” de la vivienda.
Los participantes pidieron límites al aumento de las rentas, mayor protección contra desalojos y la recuperación de viviendas en manos de grandes fondos para destinarlas a alquiler social. Las voces de las protestas también señalaron la necesidad de políticas que frenaran la especulación y protegieran a las personas más jóvenes y vulnerables.
Según indicadores recientes del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, una proporción reducida de jóvenes se ha podido emancipar y la edad estimada para independizarse ha aumentado, lo que se suma a la presión sobre el acceso a la vivienda.
Las movilizaciones se producen en un contexto de debate público sobre medidas de vivienda y regulación del mercado de alquiler, y los colectivos anunciaron que mantendrán la presión con nuevas convocatorias en las próximas semanas.
