Desde la segunda mitad de 2025 y hasta principios de 2026, decenas de niñas y niños que ya habían sido separados de sus padres años atrás volvieron a quedar apartados a causa de detenciones en el interior del país, deportaciones o procedimientos migratorios, según constan en informes periodísticos y registros judiciales.
La situación contravino las protecciones que un acuerdo judicial aprobado en octubre de 2023 otorgó a las familias afectadas por las separaciones masivas de 2017‑2018. Ese acuerdo estableció vías para la reunificación, acceso a asesoría legal, permisos de trabajo y apoyos psicológicos destinados a evitar daños recurrentes.
En varios casos, los padres fueron arrestados durante redadas o tras presentarse a citas migratorias, y algunos fueron deportados aun cuando figuraban como beneficiarios del acuerdo. A raíz de esas detenciones, menores quedaron temporalmente al cuidado de terceros o en centros de custodia hasta que se resolvió su situación.
Abogados especializados y las notificaciones de la demanda colectiva reportaron además medidas que complicaron la estabilidad familiar: órdenes de deportación, uso de monitores electrónicos y obligaciones de presentarse con mayor frecuencia ante las autoridades. Expertos en salud mental señalaron que las separaciones repetidas reactivan traumas previos y agravan problemas como pesadillas, ansiedad y regresiones en el desarrollo escolar.
El acuerdo de 2023 sigue vigente y fija plazos y procedimientos para proteger a las personas incluidas en la clase. Pese a ello, en meses recientes se documentaron incidentes en los que las autoridades no notificaron de forma inmediata a los representantes legales de la detención de miembros protegidos, y en al menos un caso las familias tuvieron que recurrir a órdenes judiciales para obtener el regreso temporal de los niños.
Funcionarios migratorios han afirmado que su actuación responde a la aplicación de la ley y a órdenes de detención y retorno; por su parte, organizaciones que representan a las familias han pedido mayor supervisión judicial y cumplimiento estricto del acuerdo para evitar nuevas separaciones.
La repetición de estas separaciones vuelve a poner en evidencia las consecuencias a largo plazo de las políticas de 2017‑2018 y plantea dudas sobre los mecanismos actuales para garantizar la protección de menores y la notificación oportuna a sus representantes legales.
