El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una imputación que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilícita de armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
Ante la publicación de la acusación, Rocha Moya negó los señalamientos y, según reportes periodísticos, presentó una solicitud de licencia temporal la noche del 1 de mayo de 2026. El Congreso del Estado aprobó la licencia y, en sesión extraordinaria, designó el 2 de mayo de 2026 a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
La imputación estadounidense incluye a funcionarios actuales y anteriores de diversas fuerzas y autoridades estatales de Sinaloa, a quienes se les atribuye haber colaborado para proteger operaciones del cártel y facilitar el tránsito de narcóticos hacia territorio estadounidense.
En México, autoridades federales y organismos vinculados al tema han emitido pronunciamientos diversos sobre el caso; al mismo tiempo, la situación política en Sinaloa ha derivado en cambios inmediatos en el gabinete y en la agenda local mientras se desarrollan las averiguaciones internacionales y posibles pasos legales posteriores.
Esta nota se elaboró con base en reportes periodísticos y comunicados difundidos entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2026; la información está sujeta a actualizaciones conforme avancen las investigaciones y se publiquen documentos oficiales.
