El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el Gobierno federal no tenía indicios ni sospechas de presuntos vínculos entre Rubén Rocha Moya —gobernador de Sinaloa con licencia— y el crimen organizado.
La declaración de García Harfuch se produjo durante una conferencia en la Novena Zona Militar en Culiacán, donde defendió la coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad y dijo que no se había detectado obstrucción por parte de funcionarios locales.
La versión del funcionario federal llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara, el 29 de abril de 2026, una acusación formal en la que señala a Rocha Moya y a otras nueve personas por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Ante la acusación internacional, el gobierno mexicano ha afirmado que no se han presentado pruebas públicas para solicitar una extradición inmediata y que se revisarán los procesos correspondientes.
García Harfuch indicó además que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que, aunque no tiene fuero constitucional, cuenta con medidas de protección por parte de la Guardia Nacional; por su parte, el Ejecutivo federal ha señalado que seguirá coordinando operativos de seguridad en la entidad.
La acusación de Estados Unidos y la respuesta del gobierno federal han provocado reacciones políticas y sociales en Sinaloa y en el ámbito nacional; las autoridades han anunciado que continuarán con las investigaciones y cooperación internacional según corresponda.
