El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró en Culiacán que el gobierno federal “no tenía indicios” de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantuviera vínculos con el crimen organizado, pese a la acusación pública presentada por autoridades de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el 28 de abril recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición procedentes de la Embajada de Estados Unidos y las turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis, al considerar que la documentación remitida carece, en esta etapa, de elementos probatorios suficientes.
El 29 de abril, fiscales del Distrito Sur de Nueva York hicieron públicas imputaciones contra Rocha Moya y otras personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; las autoridades mexicanas han abierto el correspondiente intercambio de información y la FGR revisa la documentación recibida desde Washington.
Durante la visita del Gabinete de Seguridad a la capital sinaloense, a la que también asistieron mandos de la Sedena y la Marina, Harfuch afirmó que no se han observado indicios internos que apuntaran a una colaboración del gobernador con grupos criminales y que, de cualquier modo, la Fiscalía será la encargada de investigar y determinar responsabilidades.
La Secretaría de la Defensa informó que el despliegue federal en Sinaloa se mantendrá para garantizar la seguridad; en el encuentro con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, participaron autoridades federales que reiteraron el compromiso de prevenir un repunte de violencia tras la salida temporal de Rocha Moya del cargo.
Las investigaciones y los procedimientos diplomáticos siguen en curso; la FGR y la Cancillería son las instancias mexicanas responsables de valorar las solicitudes de detención y eventual extradición remitidas por Estados Unidos.
