La madrugada del lunes 11 de mayo de 2026 fueron localizados cuatro cuerpos a un costado de la carretera federal Chilapa–Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla. El hallazgo provocó el cierre temporal de la vía y consternación entre pobladores de la región.
Dirigentes comunitarios del CIPOG‑EZ y autoridades comunitarias denunciaron que la aparición de los cadáveres forma parte de una nueva oleada de ataques perpetrados por el grupo conocido como Los Ardillos, que en los últimos años ha agravado la violencia en la Montaña Baja de Guerrero.
Voceros comunitarios aseguran que las agresiones han provocado desplazamientos masivos: líderes locales hablan de más de mil personas que han salido de sus pueblos, mientras que autoridades federales y estatales han reportado cifras menores, en torno a decenas o centenares de desplazados.
El conflicto ha generado señalamientos directos contra autoridades municipales: un abogado agrario y representantes indígenas acusaron a la presidenta municipal de Chilapa de supuesta colusión con el grupo criminal, aludieron a vínculos familiares entre funcionarios municipales y líderes delictivos, y demandaron que las fuerzas de seguridad actúen con mayor rigor.
El gobierno federal y el estatal reforzaron el despliegue de fuerzas en la zona, con presencia de efectivos federales, Guardia Nacional y policía estatal, y se estableció un centro de mando en Chilpancingo para coordinar la atención a desplazados y el retiro de bloqueos carreteros.
Organizaciones sociales y representantes comunitarios exigieron además la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y protección para las familias que permanecen desplazadas. Las denuncias y la respuesta oficial continúan en desarrollo.
