La industria tabacalera difundió un estudio que, según su interpretación, ubica en alrededor del 31.9% la participación del mercado ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá para 2025, y calcula pérdidas fiscales por aproximadamente 8,500 millones de dólares.
Ante esa versión, especialistas en salud pública y representantes de organismos internacionales señalaron la necesidad de una respuesta coordinada entre aduanas, fuerzas de seguridad, sistemas de rastreo y poderes judiciales para combatir el comercio ilícito y sus vínculos con redes criminales.
Autoridades de la región han reportado decomisos relevantes en meses recientes, y organizaciones académicas y civiles advierten que el contrabando y la venta de productos apócrifos y dispositivos no regulados —incluidos ciertos vapeadores— agravan riesgos sanitarios y generan un mercado paralelo que afecta la recaudación.
Expertos también advirtieron que la narrativa de la industria, que vincula subidas de impuestos con el crecimiento del mercado ilegal, no elimina la responsabilidad de los fabricantes en prácticas de comercialización y logística que pueden facilitar el comercio ilícito.
Para frenar el fenómeno, las propuestas de especialistas incluyen mejorar controles fronterizos, implementar sistemas de monitoreo y trazabilidad de la cadena logística, sanciones penales a redes de distribución ilícita y cooperación diplomática entre países afectados.
