El 14 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que amplía las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con los cambios, la ASF podrá recibir denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales y, además, iniciar investigaciones de oficio “en cualquier momento”, según el nuevo texto legal que incorpora un artículo 66 bis.
La reforma también crea mecanismos digitales para la recepción de quejas y faculta a la ASF para presentar “denuncias de hechos” ante la fiscalía correspondiente cuando haya indicios de conductas delictivas. Asimismo se establece la posibilidad de sancionar la obstrucción de información y aplicar medidas administrativas contra servidores públicos y particulares vinculados con irregularidades detectadas.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado en abril; su publicación en el Diario Oficial es el paso que formaliza la entrada en vigor de las modificaciones y permite a la ASF activar procedimientos con mayor celeridad.
Autoridades y especialistas han señalado que la reforma busca transformar a la ASF de un organismo mayormente reactivo a uno con facultades para intervenir de forma preventiva y acelerar la rendición de cuentas, aunque también ha generado debate sobre los límites y controles para el uso de estas atribuciones.
