La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el señalamiento del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pidió pruebas concretas antes de aceptar solicitudes de extradición.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y nueve personas más ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facilitación del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Sheinbaum dijo que el Ejecutivo federal no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero reclamó a las autoridades estadunidenses “pruebas claras” y advirtió que, de no existir elementos contundentes, se podría entender que el objetivo de las imputaciones es político. Señaló además que las solicitudes de detención con fines de extradición fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.
La reacción del gobierno mexicano se da en un momento de tensión diplomática entre ambos países por asuntos de seguridad y cooperación; autoridades estatales y algunos de los señalados han negado las acusaciones y, en al menos un caso, funcionarios anunciaron licencias temporales o separaciones del cargo mientras se esclarecen los hechos.
El caso seguirá en desarrollo: las autoridades mexicanas y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York continúan sus trámites y no se descarta que haya nuevas acciones judiciales o solicitudes formales de extradición en las próximas semanas.
