La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 30 de abril de 2026 que, si el Departamento de Justicia de Estados Unidos no presenta pruebas claras, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. Las declaraciones se dieron en su conferencia matutina en Palacio Nacional, tras la difusión de una investigación y una acusación en una corte federal de Nueva York que involucra a diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum dijo que su gobierno no protegerá a personas que hayan cometido delitos, pero reclamó a las autoridades estadounidenses la presentación de pruebas contundentes. Indicó que las solicitudes de extradición recibidas serán turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis y que México defenderá su soberanía ante cualquier injerencia.
La acusación del Departamento de Justicia, presentada en una corte de Manhattan, señala presuntos vínculos entre algunos de los imputados y el Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas han recibido las notificaciones y, según lo señalado por la presidencia, evaluarán los elementos que acompañan las solicitudes.
El caso ha tensionado la relación bilateral, ya que funcionarios y medios han destacado la singularidad de que un gobernador en funciones sea incluido en una imputación internacional. Autoridades de Estados Unidos han amenazado con medidas de presión en casos de impunidad, según reportes internacionales.
La presidente subrayó que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones podrían obedecer a motivos políticos; en paralelo, aseguró que si la Fiscalía obtiene evidencias “contundentes e irrefutables”, el gobierno mexicano actuará conforme a la ley. La situación sigue en desarrollo y podría derivar en procedimientos judiciales y conversaciones diplomáticas entre ambos países.
