La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 18 de mayo de 2026 que el Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa constitucional para cambiar la fecha prevista de la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, desplazándola de 2027 a 2028. La propuesta busca también rediseñar los mecanismos de selección de candidaturas y simplificar la boleta electoral.
El gobierno argumenta que el aplazamiento permitirá evitar la concurrencia con múltiples elecciones ordinarias, reducir la complejidad logística y corregir deficiencias observadas en la elección de 2025, como la extensa cantidad de candidaturas por voto y la incapacidad de los comités para filtrar perfiles con preparación técnica insuficiente.
Entre las medidas planteadas están la reducción del número de candidaturas por cargo, la homologación de criterios de evaluación, una certificación previa más rigurosa para aspirantes y la capacitación obligatoria para jueces y magistrados. Legisladores analizan convocar un periodo extraordinario para discutir los cambios y precisar el calendario.
Expertos en derecho y procesos electorales calificaron como positivo que el Ejecutivo busque corregir fallas técnicas, pero advirtieron que la modificación de la fecha no elimina el riesgo de intervención partidista en la selección de candidatos ni problemas estructurales como el uso de ‘acordeones’ en las boletas.
Las discusiones legislativas continuarán en las próximas semanas; el gobierno y distintos actores políticos han dicho que es necesario alcanzar consensos que permitan garantizar la transparencia y profesionalización del Poder Judicial antes de la celebración de la próxima elección.
